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COLUMNA DE OPINION
La reciente decisión del Congreso de otorgar facultades delegadas al Poder Ejecutivo vuelve a poner sobre la mesa una de las herramientas más debatidas de nuestro ordenamiento jurídico. En tiempos de crisis —ya sea por el desborde de la inseguridad ciudadana o la urgencia de reactivar la economía—, la ciudadanía exige respuestas inmediatas.
Sin embargo, cabe preguntarse desde una perspectiva analítica: ¿es este mecanismo verdaderamente asequible y favorable para el país?
La respuesta no es de blancos y negros, sino que depende de un delicado equilibrio entre la eficiencia administrativa y el control democrático.
La asequibilidad: Una válvula de escape necesaria.
Desde el punto de vista práctico e institucional, la delegación de facultades es una medida totalmente asequible. Nuestra arquitectura constitucional la contempla precisamente como una válvula de escape para momentos en que el aparato estatal necesita moverse con mayor rapidez que los tiempos parlamentarios.
El trámite legislativo ordinario requiere comisiones, dictámenes, debates en el Pleno y posibles reconsideraciones; un proceso diseñado para la deliberación, pero que a menudo resulta incompatible con la urgencia de combatir el crimen organizado o mitigar los efectos de un fenómeno climático. En ese sentido, otorgar al Ejecutivo la capacidad de emitir decretos legislativos es una vía expedita y viable para destrabar políticas públicas estancadas.
¿Es favorable? La balanza de la celeridad y la transparencia
Determinar si esta medida es favorable requiere sopesar dos caras de la misma moneda.
Por un lado, los defensores de la medida argumentan que es altamente beneficiosa. Al concentrar temporalmente la capacidad de legislar en el Ejecutivo, se garantiza (en teoría) una mayor coherencia técnica. Los ministerios cuentan con los especialistas y la información de primera mano sobre las políticas sectoriales, lo que permite redactar normas más aplicables y menos sujetas al «tira y afloja» o al populismo que a veces contamina el debate parlamentario.
Para las Mypes que buscan formalizarse o para la Policía que necesita nuevos marcos operativos, un decreto rápido es una solución tangible.
Por otro lado, los críticos advierten riesgos significativos. El principal costo de esta eficiencia es la pérdida de deliberación pública.
El Congreso, con todos sus defectos, es el espacio donde están representadas las diversas fuerzas políticas de la nación.
Al trasladar la creación de leyes a los despachos ministeriales, se pierde la transparencia del debate abierto y la posibilidad de escuchar a los sectores afectados antes de que la norma entre en vigor. Además, siempre existe el riesgo de que el Ejecutivo exceda los límites de las materias delegadas, utilizando esta «vía rápida» para colar reformas que no fueron consensuadas.
El veredicto: Una herramienta, no una solución mágica.
En conclusión, el otorgamiento de facultades legislativas es un mecanismo institucionalmente asequible y potencialmente favorable, pero bajo una estricta condición: el rigor técnico y el control posterior.
No se trata de un cheque en blanco. Para que el balance final sea positivo para el país, el Ejecutivo tiene la obligación de usar esta ventana de oportunidad con extrema responsabilidad, emitiendo decretos constitucionales, técnicamente sólidos y estrictamente ceñidos a los temas autorizados.
A su vez, el Congreso no puede abdicar de su rol.
Su tarea ahora no es redactar las leyes, sino ejercer una fiscalización rigurosa a posteriori, revisando con lupa cada decreto emitido para asegurar que no se hayan vulnerado derechos ni excedido los mandatos. Solo si ambas instituciones actúan con madurez política, esta delegación de facultades pasará de ser un mero trámite burocrático a una verdadera palanca de desarrollo y seguridad.
